Una Bitácora de Jomra

No hay que cortarnos un pelo en llamar a las cosas por su nombre, las fuerzas de seguridad del Estado se portaron, durante 20 años de conflicto, como una panda de mafiosos de gatillo suelto, llevando a cabo su propia justicia, el que no está conmigo está con ellos... ¿Para qué Estado de Derecho si se puede pegar un tiro al presunto enemigo? ¿Para qué juzgar a alguien si se le puede asesinar? Aunque durante el fujimorismo esto fue descarado, los dos gobiernos anteriores (de AP y el APRA) tienen muchos muertos a sus espaldas por los que jamás pagó nadie.

En una nota fechada en el viernes, de APRODEH, leo el caso de la fosa común descubierta en Pichari, provincia de La Convención, Cusco. Donde se encontraron entre 60 y 80 personas (según la fuente que leas, las cifras bailan un poco), otras informaciones hablan de cuatro fosas comunes, una grande (de unos 60 cadáveres) y tres más algo pequeñas, todas en el mismo distrito cusqueño.

En fin, la mayoría de informaciones hablan simplemente de desaparecidos durante la guerra de la violencia interna (llámese guerra interna, llámese violencia terrorista), posiblemente todos sean Ayacuchanos (el distrito limita justamente con Ayacucho), aunque para Walter Mamani (gobernador de Pichari) habla de ayacuchanos y Cusqueños asesinados a finales de los 80, mientras que para la Fiscalía, la policía y el Comisionado para la Paz de Ayacucho son unos 80 campesinos de la comunidad de Sivia (Ayachucho) asesinados ("ejecutados") por el ejército en 1983.

Contó la República que, según la fiscalía, estaríamos ante una fosa común de ejecutados extrajudicialmente por el Ejército peruano como represalia por las muertes del Capitán Juan Enrique Davelouis Salazar (el primer oficial asesinado por los senderistas) y el cabo Mauel Torres, ambos fueron asesinados al otro lado del Río Ene, esto es, en la localidad de Sivia.

Según la Comisión de la Verdad, el 15 de Noviembre de 1983 un contingente de la compañía "Lince" entró en Sivia y secuestró ("detuvo") a unas 60 personas, luego en Ccatunrumi capturó a otro grupo, estos detenidos fueron llevados al Cuartel de Pichari donde fueron torturados y ejecutados. Al parecer, las fosas comunes encontradas son de estas personas.

Los peruanos hemos sufrido la violencia, por supuesto, unos mucho más que otros, pero todos en general hemos visto como el Estado decidió que lo mejor para todos era comportarse igual (o peor) que los terroristas, lo que llevó no sólo a una deslegitimación de las fuerzas armadas propias, sino a un sinsentido donde los segundos mayores violadores de los derechos humanos fueron las fuerzas de seguridad, cuyo respeto por el Estado de Derecho, por los derechos de las personas, aún hoy es inexistente y ello, en gran medida, gracias a la carta blanca que se les entregó para que se convirtieran en una sarta de terroristas. Si malo fueron los gobiernos de García y Belaúnde (mirando a otro lado o "favoreciendo" la impunidad después de masacres perpetradas por fuerzas gubernamentales), el de Fujimori le regaló el Perú a los terroristas, realizando una real escalada de violencia, que ni los terroristas hubieran soñado posible. Sobre todo por la alta impunidad (al menos en el 86 se condenaron a unos polis que cometieron treintaitantos asesinatos de campesinos; durante el fujimorismo tuvieron impunidad absoluta)...

Es hora que poco a poco los muertos puedan ser enterrados (búsqueda de fosas comunes, exhumaciones de cadáveres, investigación judicial de los hechos, etc.), es hora de eliminar la impunidad de las fuerzas del orden y de sus mandamases, comenzando por el recién elegido presidente del Perú, Alan García Pérez, y los hechos, entre otros, del Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, pesan (o debieran pesar) en la conciencia de un mandatario que no quiso someterse a la justicia peruana y se escapó de ella. Tanto por estos hechos como por la corrupción del régimen y similares.

En fin, es necesario tomar conciencia de la importancia de la reparación a las víctimas a la vez que, si queremos tener un Estado de Derecho, el sometimiento a los derechos humanos de las distintas fuerzas armadas del Estado, por ello, deben pagar por los asesinatos que llevaron a cabo, por las ejecuciones extrajudiciales, por las torturas, y demás actos que no pueden justificarse por la época de violencia terrorista que vivíamos, que si son unos incapaces de hacer frente a un problema desde el Estado de Derecho que abandonen el Estado, no podemos permitir que un mandatario incompetente para luchar con las armas del respeto a los derechos humanos sea quien mande, si no pasa lo que pasó en Perú, el Estado como la segunda fuerza asesina y violadora.


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